Parece que el debate nunca acabó. Las medidas sanitarias parecen solo una medida reaccionaria frente al incremento de casos de COVID-19, pero no como una práctica cotidiana. Ante esto, nuevamente las voces que llaman a la aplicación de la mano dura se han hecho escuchar.
Al inicio de la cuarentena, donde la actividad se redujo al mínimo, el mismo debate cundió en la agenda pública; el aplicar la fuerza publica en el caso de los incumplidos, o bien, el respeto a las garantías individuales.
Lo que es un hecho comprobado, es que los cambios en el semáforo, lejos de controlar, alentaron en cada cambio de color las ansias de ciudadanos por reincorporarse a su vida normal, incluso antes de la pandemia.
En ese marco los industriales salieron a exigir mayor aplicación de municipio de León, una vez que el incremento de casos se asomó nuevamente en la última semana. Estos ofrecieron a cambio la colaboración de los sectores y liderazgos para hacer cumplir las medidas.
En el fondo de todo, hay una noticia positiva: al fin se entendió la lógica de mantener las medidas para no sufrir más afectaciones económicas, es decir, se le encontró la justa prioridad a la salud por encima de las actividades económicas. Si tenemos bien lo primero, lo segundo será más realizable.
Profepa evidenció la intención de Navarro
Una vez más ha sido la autoridad federal, específicamente la Profepa, la que ha tenido que intervenir para garantizar el cuidado del medio ambiente del municipio de Guanajuato, ante la sospechosa negligencia de las autoridades municipales.
Sucedió en la sierra de Santa Rosa, donde se fue tolerando el desarrollo “La Cucursola”, propiedad de Sergio Ascencio Barba, un diputado federal panista.
Ahora con la apertura de un camino de terracería en plena zona de preservación
ecológica, que curiosamente vendría a beneficiar, entre otros, al suegro del alcalde.
En ambos casos, la inacción del municipio, que raya en la complicidad con esos hechos, significó la actuación de la Profepa.
No deja de ser irónico que un alcalde que se decía comprometido con el medio ambiente y la protección de los cerros, prefiera no actuar oportunamente y luego declarar esas obras que han lastimado seriamente al entorno como “viables de regularizar”.
Como no deja de ser irónico que quienes acaben preocupándose -prácticamente como únicas instancias-sean la ciudadanía y la federación, esas de las que tanto se queja Navarro.
